POSVERDAD Y PRIVATIZACIÓN EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

A propósito de la difícil situación por la que pasa la Universidad Pedagógica Nacional, reproducimos el siguiente artículo escrito por el profesor Renán Vega Cantor, que nos invita a reflexionar sobre la dirección que se le ha dado a la “educadora de educadores” en el plazo de la actual administración.
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 “Nuestras vidas empiezan a terminar el día en que guardamos silencio sobre las cosas que importan”. Martin Luther King.

En un escrito anterior me concentré en demostrar que la posverdad había llegado a la Universidad Pedagógica Nacional, al analizar la falsa renuncia del rector, Adolfo Atehortúa. Con la información de que disponía en ese momento señalé que la “pataleta” del rector, que le condujo a él y a gran parte de la comunidad universitaria a movilizarse en torno a una falacia, pretendía buscar legitimidad y consenso para sí mismo, debido al desgaste de esta administración. Esa es una razón, pero sigue siendo superficial, en la medida en que la pregunta central radica en indagar ¿por qué razones de peso se procedió a difundir el rumor antes mencionado? ¿Con qué propósitos se produjo tanto escándalo mediático a través de las mal llamadas redes sociales? ¿Fue por puro capricho o para encontrar una cierta legitimidad que permitiera adelantar algunos planes, que de otra manera iban a generar rechazo por parte de la comunidad de la UPN?

Ahora, emerge un nuevo hecho que explica en gran parte la razón de fondo del melodrama orquestado después del 25 de febrero en la UPN. Ese hecho es el proceso de privatización en marcha de nuestra universidad, como se evidencia en el documento de PowerPoint titulado Asociación Público Privada UPN-Entidad privada. Este documento se elaboró para ser presentado ante el Consejo Superior, en la sesión ordinaria del viernes 17 de marzo.

El contenido de esa presentación virtual indica que desde hace algún tiempo –¿semanas o meses?, no lo sabemos– la administración de la UPN viene adelantando este estudio, dado que se presenta un avance sustancial del mismo, incluso con planos arquitectónicos de las “nuevas sedes” de la UPN, en la calle 72, y en el Instituto Pedagógico Nacional (IPN), en la calle 127. Ese es un estudio semi-secreto porque hasta ahora no se sabía a ciencia cierta que algo así se estuviera llevando a cabo, aunque el rector lo hubiera podido mencionar de manera circunstancial en algún momento.

Hasta donde estábamos informados, el profesor Atehortúa había reafirmado que en el futuro inmediato la sede principal de la UPN iba a ser Valmaría, y para eso se estaba recaudando dinero a través de una estampilla aprobada por el Consejo de Bogotá. Nosotros siempre pusimos en duda que eso fuera posible, entre otras cosas, porque llevamos más de una década en ese proyecto (que ya debería haber sido construido) y por los magros recaudos de la estampilla.

Es bueno recordar que en el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019 en el Programa titulado “Una casa digna” se consideran dos proyectos: Valmaría y “transformación, adecuación y apropiación de espacios físicos”. Sobre el primero se dice: “No se escatimarán esfuerzos para lograr que al final de 2019, una parte de los programas de pregrado de la Universidad se encuentren funcionando en Valmaría”. Sobre el segundo se indica que “se atenderán proyectos para garantizar el uso óptimo de las sedes de la calle 72, El Nogal, Parque Nacional e IPN, de forma tal que puedan convertirse en espacios óptimos para el desarrollo de los programas allí ubicados” (Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019, p. 80, énfasis nuestro). Nótese que no se dice de ninguna manera que las sedes de El Nogal y del IPN van a ser cedidas, total o parcialmente, para construir edificios en la calle 72 o en la calle 127, más exactamente en el lote mutilado del IPN. Es decir, que si el PDI no considera la propuesta de asociación con el capital privado, es porque la misma ha surgido recientemente y no formaba parte de los planes iniciales de la actual administración. ¿Por qué ese cambio de orientación que implica dar un vuelco radical y aceptar la intromisión del capital privado en la UPN, al que se le cede El Nogal y cuatro hectáreas del IPN?

De manera sorpresiva, y justo después del rumor sobre su renuncia –y cuando gran parte de la comunidad se enajenó a la actual administración y perdió su independencia, como sucedió con sectores de los estudiantes organizados y la junta directiva de ASPU-UPN– se conoce un proyecto avanzado de privatización de la UPN. Ese proyecto, que no se ha discutido en ninguna instancia que convoque al grueso de la comunidad universitaria, revive y supera los peores anuncios de privatización del territorio de la universidad, como los que alguna vez hiciera la rectoría de Oscar Ibarra, sobre la posible venta del IPN. En estos momentos se va más lejos que nunca, puesto que se presenta un proyecto concreto, en el que se deben haber invertido varios millones de pesos, una cifra que deberíamos conocer.

En las coloreadas diapositivas de la Asociación Público-Privada propuesta se indica: “El proyecto se financiará con aportes de la empresa privada a cambio de la cesión de aproximadamente cuatro hectáreas del predio del IPN y la totalidad del predio de la calle 79 No. 9-91 (Costado norte predio El Nogal).” (Diapositiva 2). (Todos los énfasis son nuestros). Se agrega, como si fuera gran cosa renunciar al carácter público de la UPN, que una de las ventajas de la Asociación Público-Privada radica en que “no requiere inversión de recursos públicos por parte de la UPN” (Diapositiva 8). Claro, pero es que esos dineros no los debería invertir la UPN, sino el Estado colombiano, máxime si esa inversión es de poca monta, al compararlos con los sobrecostos de la Refinería de Cartagena (8000 millones de dólares) o los sobornos de Odebrecht (de varios millones de dólares), para solo mencionar dos ejemplos de la corrupción que carcome al Estado colombiano.

De entrada, queda claro el carácter del proyecto: no es al Estado de este país al que le corresponde construir las sedes de la UPN, y de cualquier universidad pública, sino que esa labor la hace el capital privado. Eso es, sin eufemismos, un abierto proceso de privatización. Como, por supuesto, el capital privado no trabaja gratis, a cambio de su gestión se le entregarán dos porciones del territorio de la UPN, lo que significa la perdida de terrenos que forman parte de propiedad pública y que serán cedidos a empresarios urbanísticos que, con seguridad, obtendrán fabulosas ganancias. Eso se insinúa en el PowerPoint cuando se precisa que se va a efectuar una “explotación comercial de una porción del predio de la AC 127 y de la totalidad predio de la calle 79 No. 9-91 con el objeto de llevar a cabo un desarrollo inmobiliario de 128.491 m2, el cual se convierte en la retribución a la entidad privada por diseñar, construir y operar la nueva infraestructura propuesta tanto para la Universidad como para el Colegio” (Diapositiva 7). Como quien dice negocio redondo para los empresarios privados que, primero, figuran como “héroes” y “filántropos” que sustituyen al Estado en sus compromisos y, segundo, se apoderan de dos predios envidiablemente situados en el norte de Bogotá, en zonas con un gran valor comercial.

La renuncia a que el Estado financie la infraestructura de la UPN, que repetimos no es ninguna dadiva sino una obligación, se ratifica al señalar que “la universidad entrega a un inversionista privado el diseño, construcción, operación y mantenimiento de una infraestructura y sus servicios asociados”. (Diapositiva 2)

Para completar, se anuncia, como ha sucedido con las concesiones petroleras y de otros bienes naturales en la historia de nuestro país, que luego de finalizar el contrato las partes proceden a llevar a cabo: “[…] La reversión de elementos de oficina y mobiliario suministrados a la Universidad y al Colegio, durante la vigencia del contrato” (Diapositiva 15). Como quien dice nos vamos a quedar sin el pan y sin el queso. Sin el pan, porque se nos amputa una parte del patrimonio público y común de nuestra territorialidad. Sin el queso, porque, luego de concluida la obra, ni siquiera quedaran en manos de la UPN los muebles de oficina de la constructora.

Estos tan solo son algunos de los detalles globales que se captan en el proyecto de Asociación Público-Privada que acabamos de leer. Es necesario conocer el acuerdo de asociación en su totalidad para observar la letra menuda que allí se encuentra y detectar las implicaciones negativas de ese acuerdo para la UPN. ¡Porque si es indigerible el desayuno –el PowerPoint– no resulta difícil imaginar lo incomible que será el almuerzo –el documento completo!

En la práctica, este proyecto impulsado por la administración del profesor Atehortúa, sin haber sido ni socializado, ni mucho menos discutido con la comunidad universitaria, significa que él ha renunciado al, tantas veces ponderado, proyecto de Valmaría. Pero una cosa es reconocer la inviabilidad de construir la sede de la UPN y del IPN en Valmaría y otra muy diferente optar por la privatización para construir nuevos edificios en la calle 72 y en la calle 127. ¡Eso es como salir de Guatemala y entrar a Guatepeor!

Además, esa decisión es reciente y, para presentarla oficialmente ante el Consejo Superior, se ha enrarecido el ambiente con sofismas –como la seudo-renuncia del rector–, con el objetivo de que importantes sectores de la comunidad de la UPN se desgasten en forma innecesaria en asuntos intrascendentes, perdiendo de vista lo realmente significativo, algo así como quedarse en la mera contemplación de los arboles sin ver el bosque.

De aquí se deriva una conclusión preliminar: sopesar los costos políticos de perder la independencia y autonomía por parte de los diversos estamentos de la UPN con respecto a la administración. Esa falta de autonomía e independencia se ilustra con el silencio de los representantes de la Comunidad (de estudiantes, de profesores, de egresados), que no han alertado sobre esa grave propuesta de privatización. ¿Será por qué no tienen ninguna distancia crítica frente a la administración? ¿No les interesa el asunto? ¿No entienden lo que está en juego? ¿La lógica privatizadora y mercantil ha calado tan hondo en el imaginario de estudiantes y profesores que parece normal y aceptable que se cercene una parte de nuestra universidad a cambio de una sede, que la debe financiar y construir el Estado colombiano.

Para finalizar, las preguntas son políticas. ¿Será que todos aquellos que mostraron tanta beligerancia para secundar el pataleo del rector, que se basaba en hechos baladíes (un comunicado de ASPU-Nacional y las supuestas acusaciones de plagio de los sindicatos…), están dispuestos a luchar por algo de trascendental importancia como es la integridad territorial de la UPN? ¿Será que esos sectores van a defender de verdad, ahora que toca, el carácter público de la UPN, lo que supone no renunciar al derecho que el Estado colombiano la dote de una sede digna y adecuada? ¿Por qué a estas alturas ASPU-UPN no ha convocado una asamblea extraordinaria para discutir y ventilar el asunto de la privatización? ¿Qué plantearán los encargados de activar las mentiras mediáticas de hace un mes con respecto al proyecto privatizador que impulsa la actual administración? ¿Qué dicen las organizaciones estudiantiles sobre la propuesta de perder una parte del territorio de la UPN y del IPN?

Hay que esperar si estos aspectos se evaporan en medio del consenso unanimista que se montó en las semanas anteriores, amparado en la posverdad, o forman parte de un proyecto de defensa de la UPN en particular y de la universidad pública en general. Ese es el reto que se enfrenta en esta coyuntura. De su respuesta depende que la UPN siga existiendo como entidad pública o finalice su metamorfosis en otro garaje universitario, y sea fuente de ganancias para los capitalistas del sector inmobiliario e infle aún más su escandalosa burbuja especulativa.

Bogotá, marzo 25 de 2017

Texto original publicado en Rebelión.org: http://www.rebelion.org/docs/224583.pdf

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